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Por Jorge Guzmán y Verónica Acuña

Introducción
El cambio climático es uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta la humanidad. Este fenómeno, al combinarse con la variabilidad climática natural, altera la atmósfera debido principalmente al incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de actividades humanas (ONU, 1992). Más allá de sus impactos ambientales, el cambio climático tiene una dimensión social profunda, pues su aceleración está vinculada al sistema capitalista basado en combustibles fósiles y en un patrón de hiperconsumo. Esto intensifica las desigualdades históricas y aumenta la vulnerabilidad de ciertos sectores de la sociedad (Okereke y Coventry, 2016).

La literatura científica sostiene que el deterioro ambiental y sus efectos son distribuidos de manera inequitativa. Las naciones en desarrollo, responsables de una menor proporción de las emisiones globales de GEI, son las más afectadas debido a su limitada capacidad de adaptación (Uddin, 2017). El Caribe, en particular, enfrenta desafíos climáticos significativos a pesar de su escasa contribución a las emisiones globales. Su vulnerabilidad se ve agravada por su dependencia de sectores altamente sensibles al clima, como el turismo y la agricultura, lo cual subraya la urgencia de implementar estrategias de adaptación que también aborden las desigualdades estructurales que prevalecen en la región (Pichs, 2023).

Gobernanza climática global y régimen climático internacional
El cambio climático, como problema público global, desafía la capacidad de los Estados para gestionarlo de manera eficaz (Saucedo, 2019). Ante la insuficiencia de las respuestas nacionales, la gobernanza climática global surgió como una solución viable, promoviendo la colaboración entre actores gubernamentales y no gubernamentales a diferentes niveles para formular e implementar políticas climáticas (Bäckstrand y Lövbrand, 2015).

La gobernanza climática está íntimamente vinculada al régimen climático internacional, entendido como el conjunto de normas y procedimientos acordados para la toma de decisiones sobre el cambio climático (Hrabanski y Le Coq, 2019). La consolidación de este régimen comenzó con la Cumbre de la Tierra en 1992 y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). No obstante, persisten debates sobre la disparidad entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos en la reducción de emisiones (Okereke et al., 2009).

El Protocolo de Kioto de 1997 adoptó una lógica vertical de compromisos obligatorios de reducción de GEI para los países industrializados (Betsill et al., 2015). Sin embargo, la ineficacia de este modelo evidenciada por el colapso de las negociaciones internacionales impulsó el Acuerdo de Copenhague en 2009, el cual promovió un enfoque más flexible y descentralizado que permitió a los Estados asumir compromisos voluntarios (Dubash, 2009). Esto dio lugar a un multilateralismo híbrido (Bäckstrand et al., 2017).

El Acuerdo de París de 2015 consolidó el enfoque voluntarista de Copenhague aunque lo combina con algunos elementos de Kioto (Held y Roger, 2018). Erigió, pues, un objetivo global para limitar el aumento de la temperatura y fomentó la adopción de compromisos voluntarios por parte de los Estados. Además, reconoció la relevancia de actores subnacionales y no estatales en la lucha contra el cambio climático (Jordan et al., 2018), equilibrando así la acción multilateral y transnacional en la gobernanza climática (Solorio, 2021).

Justicia climática
La justicia climática es crucial para revelar las desigualdades en la distribución de los costos y beneficios del cambio climático. El principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” (CBDR), clave desde la Cumbre de Río en 1992, establece que aunque todos los países deben asumir responsabilidad en la lucha contra el cambio climático y sus obligaciones varían según su responsabilidad histórica y capacidad económica (Castro, 2016).

El Protocolo de Kioto reflejó este principio, imponiendo compromisos de reducción de emisiones exclusivamente a los países industrializados, mientras que el Acuerdo de París adoptó un enfoque menos impositivo. La limitada aplicación del CBDR ha sido objeto de críticas, sobre todo, por parte de los países en desarrollo que argumentaron que este principio no ha sido implementado de manera justa (Marion et al., 2021). Asimismo, la literatura reciente señala la invisibilidad de las propuestas del Sur Global han tenido poca influencia en la agenda climática internacional, a diferencia de los estudios del Norte Global (Sapiains et al., 2020; Kane y Boulle, 2018).

Brecha Norte-Sur y los casos del Caribe
La brecha entre el Norte y el Sur Global en el contexto del cambio climático subraya profundas desigualdades en la capacidad de respuesta y en la asignación de responsabilidades. Las economías del Norte Global, principales emisores de GEI, han impulsado su desarrollo a costa de intensificar los efectos del cambio climático. En contraste, el Sur Global —incluyendo el Caribe— es más vulnerable a pesar de haber contribuido mínimamente a las emisiones globales (Ayazi y Elsheikh, 2019; Rhiney, 2015). A continuación algunos casos:

Antigua y Barbuda, que emite solo el 0.002% de los GEI, pero enfrenta una vulnerabilidad extrema por su geografía y dependencia del turismo (WHO, 2020). Con el 70% de su territorio a menos de 30 metros sobre el nivel del mar, su economía está en riesgo por fenómenos meteorológicos cada vez más intensos, por ejemplo, el huracán Irma en 2017 que devastó su infraestructura. Esto podría aumentar la pobreza, que afecta al 18% de la población.

Bahamas también es altamente vulnerable con el 80% de su territorio a solo un metro sobre el nivel del mar (Thomas y Benjamin, 2018). A pesar de contribuir con el 0.1% de las emisiones globales, enfrenta huracanes devastadores —como Dorian en 2019— que causan daños por millones de dólares (Shultz et al., 2020). Su economía dependiente del turismo (60%) está particularmente amenazada por el cambio climático.
San Cristóbal y Nieves, con una población pequeña y emisiones mínimas (menos del 0.1%), se enfrenta a ciclones frecuentes y al aumento del nivel del mar. Desde 1989, la isla ha sufrido el impacto de doce ciclones, provocando graves pérdidas materiales y desplazamientos. La dependencia del turismo y la agricultura agrava su vulnerabilidad y limita su capacidad de adaptación (Dormer, 2022).

Santa Lucía, con una contribución mínima a las emisiones globales de GEI, enfrenta una gran vulnerabilidad climática. La intrusión salina, el aumento del nivel del mar y los ciclones tropicales amenazan sus zonas costeras y su economía, que depende del turismo y la agricultura (Serraglio et al., 2021). Se proyectan daños económicos significativos, alcanzando hasta el 10% de su PIB para 2025.

Conclusión
La crisis climática en el Caribe ilustra las desigualdades estructurales entre el Norte y el Sur Global, y cómo las naciones en desarrollo enfrentan consecuencias devastadoras. Las economías caribeñas, dependientes del turismo y la agricultura, son altamente vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos, y carecen de la capacidad financiera y técnica para adaptarse a estos desafíos. La actual estructura del régimen climático internacional no ha sido capaz de ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades de estos países perpetuando la injusticia.

Es imperativo que las estructuras de la gobernanza climática global se reconfiguren para garantizar una mayor equidad. La justicia climática debe ocupar un lugar central en la formulación de políticas, asegurando que los países más afectados reciban apoyo financiero, tecnológico y político para enfrentar los impactos climáticos. Las desigualdades estructurales que perpetúan la vulnerabilidad del Caribe deben abordarse mediante un compromiso firme por parte de los principales emisores, a fin de avanzar hacia un enfoque más equilibrado y justo.

Agradecimientos
Este artículo es resultado de la beca de investigación PAPIIT IA302124 “La difusión de actas climáticas en América Latina: los casos de México, Perú y Chile”, financiada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Referencias
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