La Importancia de las Estadísticas y la Geografía para el Desarrollo

Sacar de la pobreza a las personas que viven en los países en vías de desarrollo y mejorar la situación del país en sí ha constituido desde hace mucho un desafío para los Gobiernos, y el Gran Caribe no es una excepción. Si bien se han logrado algunos éxitos, particularmente en la reducción de la pobreza, el movimiento sistemático de las métricas nacionales ha escapado en gran medida de la mayor parte de los Gobiernos. Tras la formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), hemos experimentado un mayor énfasis en la medición de los logros y los resultados que guíen el desarrollo político y la paliación de la pobreza. Hoy examinaremos el papel de la geografía y el uso de las estadísticas en el empeño por avanzar en materia de desarrollo.

Vivimos en una sociedad global de la información, en la que está creciendo el monto de información y su flujo hacia la sociedad. Muchos reconocen en este momento que las estadísticas juegan un papel de envergadura en la conformación y suministro de información científica útil en casi todos los aspectos de la vida humana. La toma de decisiones en la era moderna, ya sea por el Gobierno nacional o por una agencia internacional, utiliza cada vez más métodos estadísticos para mejorar la calidad de la información. 

Esta mayor consideración del papel, poder e importancia de las estadísticas está llevando ahora a la concesión de una mayor prioridad al desarrollo de la capacidad en materia de estadísticas en muchos de los países en desarrollo. El “Panel de Expertos de Alto Nivel para la Agenda de Desarrollo Post 2015”, establecido por las Naciones Unidas, y su Informe titulado “Una Nueva Alianza Mundial: Erradicar la Pobreza y Transformar las Economías a través del Desarrollo Sostenible”, define, entre otros elementos, una agenda universal para erradicar la pobreza extrema de la faz de la tierra para el 2030 y cumplir con la promesa del desarrollo sostenible. El Informe hace un llamado hacia una revolución de los datos en aras del desarrollo sostenible, con una nueva iniciativa internacional para mejorar la calidad de las estadísticas y la información al alcance de los ciudadanos.

Pese a este consenso internacional sobre la importancia de contar con estadísticas confiables a escala nacional, muchos países en vías de desarrollo no poseen los sistemas nacionales de estadísticas sólidos y creíbles necesarios para respaldar los procesos de desarrollo. La presencia de estadísticas inadecuadas ha sido siempre una limitante importante para los estudios que se han realizado sobre las economías del Caribe. Muchas veces se ha hecho referencia a la pobreza de datos de la región del Caribe, donde están presentes varias perspectivas divergentes para corregir este problema. En mayo de 2012, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL-ONU) resaltó el hecho de que los países del Caribe siguen luchando por mejorar sus capacidades estadísticas. En el área de las estadísticas económicas se ha alcanzado un progreso notable, pero aún se aprecian lagunas de importancia en todas las demás esferas de las estadísticas. Pero la presencia de mejores datos, por sí mismos, no resolverá la gama de problemas que enfrenta la región.

Entender que la ubicación y la colocación es un componente vital de la toma eficaz de decisiones, la Geoinformática, conocida también como la Ciencia de la Información Geográfica (CIG), está pasando a ser un campo en rápida expansión. Este incluye el uso de técnicas para el almacenamiento, clasificación, representación y análisis apropiado de los datos, de manera que estos puedan ser usados en aras de la eficiencia.

En el área de la reducción del riesgo, la vinculación de la CIG al mapeo de los peligros implica la estratificación de una compleja cantidad de grupos de datos sobre el medioambiente, la propiedad de la tierra, el uso de la tierra y el transporte, para poder captar con precisión la vulnerabilidad. Como un aporte primario, estos datos incluyen los nombres, ubicaciones y dimensiones de los centros poblaciones extraídos de los datos recopilados con los censos nacionales. En segundo lugar, se tiene que incluir y evaluar también la información sobre la infraestructura física, como las carreteras, las viviendas residenciales y las edificaciones comerciales, acopiada de agencias estatales encargadas de la emisión de permisos de construcción y el mantenimiento de la infraestructura. Estas bases de datos tienen que ser enlazadas y actualizadas con dinamismo casi en tiempo real, una vez que los perfiles de vulnerabilidad y peligros cambian con frecuencia.

La vulnerabilidad macroeconómica ante los peligros naturales se basa, sin embargo, en cinco condiciones básicas que pueden ser clasificadas como específicas tanto en cuanto a lugar como en cuanto a tiempo. Estas incluyen: el tipo de peligro natural, la estructura general de la economía, las dimensiones geográficas de un país, el nivel de ingresos de una nación y el estadio de desarrollo, así como las condiciones socioeconómicas reinantes, incluyendo el entorno político y el estado de la economía. Tomando en cuenta los criterios anteriores, la vulnerabilidad, por ende, no es meramente una función de eventos peligrosos y el espacio físico, sino más bien su intersección con otras variables sociales y económicas.

Aparte de localizar y mapear la vulnerabilidad física, los datos geoespaciales tienen que añadirse entonces a otros datos socioeconómicos y demográficos, para así facilitar una toma de decisiones informada entre los hacedores políticos. Al plotear las variables socioeconómicas, un estrato sobre el uso de la tierra a nivel nacional funciona como el aporte primario en este caso. Un estudio de INGC sobre las Infraestructuras de Datos Espaciales destaca que “Las zonas de peligros pueden ser subdivididas por actividades económicas como la agricultura, silvicultura, minería, actividades recreativas, transporte, industria, comercio y residencial”. Además hay otros índices económicos, como los ingresos per cápita, la tasa de desempleo, la propiedad  per cápita de vehículos motores y la proporción de residentes que poseen seguros sobre los bienes personales y comerciales, que son todos indicadores importantes de la capacidad de la población para recuperarse tras la ocurrencia del evento. Este tipo de datos usualmente se registra en tabulaciones censales o en las declaraciones anuales de la renta y pueden ser incorporados también a la plataforma.

Al examinar las comunidades consideradas con frecuencia como ‘vulnerables’, el análisis de los índices estadísticos anteriores revelaría que son las condiciones sociales específicas las que exponen algunos grupos sociales a la posibilidad de recibir mayores daños cuando ocurre un desastre, limitando así su capacidad para enfrentarlo. A nivel regional, pese al aumento de la urbanización, una buena parte de la población del Caribe vive en lo que pueden ser consideradas como áreas rurales, lejos del alcance de las políticas diseñadas para reducir la pobreza y fuera de las oportunidades de empleo. La poca regulación ha dado lugar a la adquisición de viviendas caracterizadas por la inexistencia de una infraestructura pública, así como a centros poblaciones inseguros y congestionados. Ello desemboca en que el riesgo de desastres se concentre desproporcionalmente en hogares de bajos ingresos y entre grupos tradicionalmente marginados, como la mujer, los menores y los discapacitados. Es este problema, ya que las personas buscan mejor fortuna, el que rige la urbanización conduciendo a una mayor vulnerabilidad. Estas mismas personas profundizan aún más sus raíces en su impotencia y exclusión, reforzando la pobreza y socavando el desarrollo.

Queda claro entonces que la vulnerabilidad se produce en parte socialmente. Con una estrategia de desarrollo económico que tome en cuenta a los pobres y los que corren riesgo, las estrategias que giran alrededor de la reducción del riesgo deben centrarse en la reducción de la vulnerabilidad económica de las comunidades marginales. La resiliencia figura aquí como un componente importante de la planificación de la respuesta en lo referido a la capacidad de la economía de un país para absorber las pérdidas y recuperarse. Es por ello que necesitamos un enfoque multidimensional para examinar las temáticas de vulnerabilidad, conscientes del hecho de que una mejor resiliencia a nivel de comunidad, conlleva a una asignación más eficiente de los recursos públicos. Además, el mejoramiento de los medios de subsistencia de la población en riesgo, rige las métricas macro y microeconómicas en la dirección correcta. Las agencias administrativas tienen, en consecuencia, que tratar de crear nuevas herramientas que sean capaces de examinar con ojo crítico y certeza los niveles de riesgo de las comunidades, de manera que las intervenciones sean focalizadas en lugar de solamente facilitar las metas políticas.

Con la cooperación de México, país que actualmente preside el Comité Regional para las Américas de la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de la Información Geoespacial (UN-GGIM), la AEC instrumenta en este momento el Proyecto “Fortalecimiento de la Infraestructura de Información Geoespacial del Caribe”. Este Proyecto procura promover el desarrollo de la infraestructura regional de datos espaciales, mediante el fortalecimiento de la generación, uso e intercambio de información geoespacial en once países del Caribe y su integración a la plataforma más amplia UN-GGIM. Como parte del proyecto, estos países participaron en la recién concluida Cuarta Sesión del Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre la Gestión de la Información Geoespacial, celebrado en la sede de las Naciones Unidas en New York. Este es un paso precursor a su integración formal al sub-grupo de las Américas de la UN-GGIM.

El tratamiento de los elementos subyacentes rectores del riesgo deviene clave para manejar con eficacia el riesgo de desastres y asegurar la resiliencia y la sostenibilidad futuras. Es en este ámbito que las ventajas del uso de las estadísticas y de las herramientas informáticas se hacen evidentes, en la medida en que la AEC trabaja por el establecimiento de una plataforma de información territorial del Caribe para la prevención de los desastres. La planificación eficaz en todos los frentes, tomando en cuenta los datos económicos, sociales y medioambientales, es esencial en la profundización de la capacidad humana y en el avance de los objetivos de desarrollo sustentable.

George Nicholson es el Director de Transporte y Reducción del Riesgo de Desastres y Nayaatha Taitt es la Asistente de Investigación de Transporte y Reducción del Riesgo de Desastres de la Asociación de Estados del Caribe. La correspondencia o los comentarios deben ser enviados a feedback@acs-aec.org.