Los asuntos laborales tocan fibras que se encuentran en lo más profundo del tejido social de toda nación y por esta razón son temas con una carga política significativa. En los Estados Unidos el tema ha estado presente en los debates del Congreso desde el inicio de las discusiones para la reestablecimiento del denominado “fast-track” en 1994. El temor de algunos sectores del congreso norteamericano es que la apertura provoque un desplazamiento de puestos de trabajo desde ese país hacia países con salarios y condiciones laborales inferiores.

Estas presiones han sido efectivas. De hecho, en agosto del 2002, cuando finalmente el Presidente George W. Bush firmó el Acta de Comercio del 2002 que le otorga dicha autoridad, ésta incorporó a los asuntos laborales y a los ambientales como un objetivo de las negociaciones para de los Estados Unidos.

Esto ha conducido a la incorporación de estos temas en el texto principal de recientes acuerdos comerciales firmados por los Estados Hundíos. Tal es el caso de los acuerdos firmados con Jordania en el año 2001, con Chile en el 2002 y con Singapur a inicios del presente año. En ellos se han incorporado esquemas de multas para asegurar el cumplimiento de los estándares laborales. Estos acontecimientos y la presión constante de ciertos grupos en el Congreso norteamericano hacen prever que el vínculo entre negociaciones comerciales y los asuntos laborales se mantendrá y que este vínculo se trasladará a las negociaciones próximas a concluir en el marco del Tratado de Libre Comercio Entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA) y del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Muchos de nuestros países, por otro lado, temen que la introducción de los asuntos a las negociaciones comerciales de paso a la imposición de sanciones, multas y procesos de carácter proteccionista. Su oposición ha evitado que estos asuntos hayan sido incorporados formalmente al proceso de negociaciones del ALCA. No obstante, en el ALCA se ha reconocido en varias ocasiones el compromiso con la aplicación de los principios “laborales fundamentales” tales como la libertad de asociación, organización y negociación colectiva, la prohibición del trabajo forzado, la abolición del trabajo infantil y la prohibición a la discriminación. Además, se ha establecido que la Organización Internacional del Trabajo es el órgano competente para manejar estos estándares.

Las preocupaciones sobre como manejar estos temas y permitir el progreso de las negociaciones no debería desviar la atención de ambos grupos del objetivo subyacente del proceso de liberalización y por lo tanto de las negociaciones propiamente dichas – procurar un ambiente comercial capaz de promover el desarrollo socioeconómico.

El proseo de apertura debe, por lo tanto, genera empleos de calidad, generar crecientes fuentes de empleo para todos, bajo mejores condiciones y con una remuneración que permita el desarrollo humano sostenible de la población. El verdadero desafío que nuestros países enfrentan es procurar asegurar los espacios de política y los mecanismos para alcanzar estos objetivos.

Juan Carlos Martínez-Piva es Asesor de Comercio de la Asociación de Estados del Caribe. Las opiniones que aquí se expresan no son necesariamente los puntos de vista oficiales de la AEC. Los comentarios pueden ser enviados a mail@acs-aec.org

20 de agosto, 2003