Esta iniciativa fue uno de los principales temas tratados durante la VI Reunión Intersesional del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), efectuada el 11 y 12 de julio en Trinidad.

La reciente noticia sobre la salida desde Japón y hacia el Reino Unido de un cargamento de material nuclear para la manufactura de armas, le ha imprimido aún mayor actualidad a este tema. Los Miembros de la AEC se han opuesto enérgicamente al paso de cargamentos nucleares por la ruta Canal de Panamá-mar Caribe. Los expertos han señalado que un accidente o acto terrorista en el que esté involucrado un cargamento de materiales nucleares puede tener consecuencias devastadoras para una buena parte del medioambiente costero y marino.

Los cargamentos nucleares no son en modo alguno la única amenaza que enfrenta el mar Caribe. Como una de las principales vías marítimas del mundo, recibe alrededor de 63,000 barcos al año, lo que genera un estimado de 82,000 toneladas de desperdicios. En la región operan cerca de 1500 barcos pesqueros. Las fuentes terrestres de contaminación, el desarrollo intensivo del turismo y los grandes cargamentos de petróleo tienen también un impacto negativo y ponen en riesgo al medioambiente.

Uno de los problemas es que los Estados que dan al mar Caribe carecen de una base claramente establecida en el derecho internacional para impedir el uso de este para el transporte de materiales peligrosos, o asegurar que el paso de este tipo de cargamentos se haga acorde a los patrones de seguridad aceptables. Los Estados del Caribe necesitan también estar en condiciones de ejercer la jurisdicción conjunta en el manejo y explotación de sus recursos.

La Iniciativa del Mar Caribe persigue precisamente poner fin a estas irregularidades. El objetivo es lograr que el Mar Caribe sea declarado como un Area Especial en el contexto del Desarrollo Sostenible dentro del sistema de las NU.

Con este fin se define ampliamente al mar Caribe, abarcando al Golfo de México y a aquellas secciones del Océano Atlántico que incluyen a Las Bahamas y a las aguas costeras de las tres Guyanas. El antecedente legal de esta definición está en la Convención de Cartagena de 1983 para la Protección y el Desarrollo del Medioambiente Marino de toda la Región del Caribe.

La declaración constituiría un instrumento legal internacional, que incorporaría un programa de trabajo que abordara todos los usos y usos indebidos más importantes del Mar Caribe dentro del amplio objetivo del desarrollo sostenible.

Los orígenes de la iniciativa se pueden hallar en el Plan de Acción de Barbados aprobado por la Conferencia de las NU sobre el Desarrollo Sostenible en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Conferencia SIDS) en 1994. Este fue lanzado formalmente en 1997 en una Reunión Ministerial del Caribe, convocada bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Sin embargo la resolución presentada ante la Asamblea General de las NU no recibió apoyo de algunos de los Estados marítimos más importantes. Se negoció una resolución de compromiso que hacía un llamado hacia el Manejo Integrado del Mar Caribe.

En opinión de los Estados Miembros de la AEC, este paso no constituye un gran avance. La AEC representa a 25 estados independientes y a varios países no independientes ubicados en el propio mar Caribe o que bordean a este, con una población total de 230 millones de personas.

La reunión efectuada la semana pasada emitió el mandato a la AEC de asumir el liderazgo político y que otras organizaciones regionales llevaran adelante la propuesta, con miras a la Asamblea General de las NU y a la Conferencia de los Pequeños Estados SIDS más 10 en el 2004.

El Profesor Norman Girvan es el Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe. Las opiniones que aquí se expresan no son necesariamente los puntos de vista oficiales de la AEC. Los comentarios pueden ser enviados a mail@acs-aec.org.

(fin)

17 de julio, 2002