La resolución, titulada: “Promoción de un enfoque integrado de la ordenación de la Zona del Mar Caribe en el contexto del desarrollo sostenible”, proviene de la Reunión de los Ministros del Caribe sobre el Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Programa de Acción de Barbados), en la cual los Ministros tomaron la decisión de procurar un reconocimiento internacional (por la Asamblea General de las NU) del “Mar Caribe como un área especial en el contexto del desarrollo sostenible”. El texto entre comillas constituyó, de hecho, la esencia del título original del Borrador de Resolución presentado por los Miembros de la AEC ante la Asamblea General en 1997.

Luego, en el 2001 en Venezuela, los Jefes de Estado/Gobierno de la AEC reiteraron que el Mar Caribe es nuestro patrimonio común, y tomaron la decisión de continuar dando los pasos que fueran necesarios para llevar adelante esta “Iniciativa del Mar Caribe”.

Lamentablemente, los intentos de los Miembros de la AEC para alcanzar esta meta, que ya han obtenido en cierta medida algunos mares en otras partes del mundo, han confrontado una férrea oposición, en particular de países desarrollados claves, aunque algunos de nuestros hermanos en vías de desarrollo han hecho también su parte. Esta realidad no es menos que desalentadora, ya que uno de los principales logros para los países en vías de desarrollo en la Cumbre de la Tierra en Río, fue precisamente el reconocimiento del “principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas”, con respecto al medioambiente y el desarrollo, que existen entre los países desarrollados y en vías de desarrollo (ver Guardian 01/09/04, p. 23).

La propuesta original reconocía que la Convención de Montego Bay colocaba grandes espacios marinos bajo la jurisdicción de estados costeros, con lo cual los países del Gran Caribe, particularmente los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, tienen ahora autoridad con respecto a áreas marítimas que en algunos casos superan en dimensiones a sus áreas terrestres, y que, de este mismo modo, los convierte en guardianes de espacios para los cuales estas naciones carecen de recursos financieros, humanos e institucionales para salvaguardar sus derechos y cumplir con sus obligaciones, con la finalidad de utilizar sus recursos de una manera sostenible. Estos retos, que no pueden ser solventados de manera unilateral, llevaron a la AEC a procurar un marco multilateral en el que estos países puedan dar frente a sus nuevos derechos y obligaciones.

Con la omisión del reconocimiento de área especial, tal y como se había plasmado en el borrador original, hemos perdido, desde una perspectiva práctica, la aceptación por parte de la comunidad internacional, de que el mar Caribe es un ecosistema frágil que comparten muchos países y territorios con diferentes dimensiones, número poblacional y desarrollo económico, los cuales dependen del mar, en mayor o menor grado, para su desarrollo económico, y que las limitantes en el orden económico, social, jurídico y medioambiental, entre otras, de los países del Gran Caribe tienen un efecto en la salvaguarda de este patrimonio.

Desde un punto de vista operativo, el título mismo de las Resoluciones aprobadas desde 1997 sugiere un claro énfasis en el manejo de los recursos que ignora los aspectos en materia de desarrollo, y de hecho coloca el peso en cuanto al mantenimiento de la integridad del Caribe en los hombros de aquellos menos preparados para llevarlo, aunque no sean los únicos que utilicen este Mar.

Desistir no es una opción. Durante la Asamblea General en curso los países de la AEC, bajo el diestro liderazgo de la Delegación de Barbados, se empeñarán una vez más en presentar a consideración un enfoque con respecto al desarrollo sostenible del Mar Caribe, que reconozca el valor de este para las necesidades en el terreno del desarrollo económico, social, jurídico, institucional, medioambiental, además de otros aspectos dentro de las necesidades del desarrollo sostenible de los pueblos del Caribe, de una forma abarcadora, en lugar de un nuevo intento para proteger solamente el medioambiente marino, para el cual ya existen una serie de instrumentos legales.

 

Sr. Luis Carpio es Asesor Político de la Asociación de Estados del Caribe. Los puntos de vista expresados no son necesariamente los puntos de vista oficiales de la AEC. Comentarios y reacciones pueden ser enviados a mail@acs-aec.org

(fin)

08 de Octobre de 2004