Esta es la definición más ampliamente aceptada del término “Desarrollo Sostenible”. Eso no quiere decir que sea una buena definición, sino más bien la que prevalece, ya que está formulada en una “ambigüedad constructiva” diplomática, que ni ofende ni tampoco es digna de premio.

El término expresa el anhelo de mejorar la calidad de vida de la humanidad sin dañar el medioambiente, y tiene sus raíces en un debate que tuvo lugar en las Naciones Unidas a finales de la década de los años 70 y principios de los 80, cuando, en lo que después se convirtió en el camino a Río, el reclamo de los países en vías de desarrollo del Derecho al Desarrollo fue cuestionado por algunos países desarrollados, aunque no todos, para ser justos.

La aprobación por la Asamblea General de las NU de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en 1986, zanjó este punto al reconocer el desarrollo como un derecho humano inalienable, en virtud del cual todos los pueblos están facultados para participar, contribuir y disfrutar el desarrollo económico, social, cultural y político.

Este “Camino a Río” fue una negociación trabajosa y larga, que presenció innumerables concesiones por parte del otrora Tercer Mundo, pero también ingentes esfuerzos contra poderosos intereses que, hasta el día de hoy, continúan tratando de detener el avance.

Uno de los logros más significativos alcanzados por los (desde entonces denominados) países en vías de desarrollo, fue el reconocimiento en el Principio 3 de la Declaración de Río (conocida también como Agenda 21), de las Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, el cual declara que los Estados cooperarán para conservar, proteger y recuperar la salud y la integridad del ecosistema terrestre, y que, teniendo en cuenta las diferentes contribuciones a la degradación del medioambiente global, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. En este Principio de Río, los países desarrollados reconocieron la responsabilidad que tienen en el empeño internacional en pos del desarrollo sostenible, considerando las presiones que sus respectivas sociedades ejercen en el medioambiente global, y las tecnologías y recursos financieros que estas comandan.

Tanto el reconocimiento del Derecho al Desarrollo, como el Principio 3 de la Agenda 21, constituyen avances significativos dentro del debate sobre el desarrollo sostenible que tradicionalmente se ha entablado entre las naciones en vías de desarrollo que luchan para mejorar el bienestar de sus pueblos, y algunos, no todos, de los países desarrollados, los cuales, al tiempo que rehúsan abandonar sus propios patrones insostenibles de producción y consumo, ponen freno al desarrollo de otros sobre la base de “preocupaciones” de tipo ambientalista. “Nosotros destruimos la mitad del planeta con nuestro desarrollo”, plantean, “si dejamos que ustedes se desarrollen, arruinarán entonces la otra mitad”.

Uno de los escollos más importantes para el desarrollo sostenible en el Gran Caribe ha sido una interpretación errada por parte del público e incluso de algunos funcionarios gubernamentales, que han creído que este término solo se refiere a cuestiones medioambientales. Así que, cuando los líderes formulan la inevitable pregunta: ¿”Qué saco de esto?”, las únicas respuestas decentes parecen venir de los llamados “tree huggers”? (y lo estoy diciendo de la forma más amable posible).

No obstante, detrás de la simplista definición citada con anterioridad, el verdadero núcleo de los negociadores que luchan sin descanso (a veces por una coma) hasta altas horas en las catacumbas de las NU, ha desarrollado un modelo de trabajo que define el desarrollo sostenible como una plataforma que se apoya en tres pilares: Económico, Social y Medioambiental.

Esta imaginería resulta clave para asegurar que ningún aspecto sea “más grande” que otro, y en estos momentos enmarca el debate internacional sobre el desarrollo sostenible. Es también lo que debemos mantener en mente al considerar iniciativas regionales tales como la propuesta de la AEC para lograr que el Mar Caribe sea declarado como un Area Especial en el contexto del Desarrollo Sostenible, y la entrada en vigor del Convenio para Establecer la Zona de Turismo Sustentable del Caribe de la AEC, particularmente teniendo en cuenta que el avance hacia un desarrollo sostenible demandará incrementos significativos en el flujo de recursos financieros para apoyar la implementación de políticas nacionales y regionales.

 

Luis Carpio es el Asesor Político de la Asociación de Estados del Caribe. Los puntos de vista expresados no son necesariamente los puntos de vista oficiales de la AEC. Comentarios y reacciones pueden ser enviados a mail@acs-aec.org

(fin)

04 de September de 2004